Departamento del Tesoro de EEUU señala a bancos mexicanos por presunto lavado de dinero

Departamento del Tesoro de EEUU señala a bancos mexicanos por presunto lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido órdenes contra tres entidades financieras mexicanas, señalándolas como instituciones que habrían facilitado operaciones de lavado de dinero en beneficio de cárteles mexicanos, particularmente en esquemas relacionados con el tráfico de fentanilo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que las autoridades mexicanas colaboran con EE.UU. en las investigaciones, que continúan en curso. El 26 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las tres entidades financieras involucradas.

En este contexto, cobra relevancia la iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), aprobada por el Senado el 25 de junio de 2025. Se espera que en los próximos días sea aprobada por la Cámara de Diputados y publicada. Esta reforma se impulsa en un contexto de creciente presión internacional, incluyendo la próxima evaluación del sistema mexicano por parte del GAFI, la clasificación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por EE.UU., y las investigaciones iniciadas por autoridades como el Departamento del Tesoro estadounidense.

Estas investigaciones podrían extenderse más allá del sistema financiero tradicional, alcanzando sectores clasificados como actividades vulnerables (como desarrollo inmobiliario, comercialización de metales preciosos, joyas, obras de arte, arrendamiento de inmuebles, tarjetas de servicio o de prepago, entre otros).

En este contexto, es fundamental que las empresas evalúen y fortalezcan sus programas de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando su alineación con los estándares internacionales y las mejores prácticas regulatorias.

Entre los puntos más relevantes de la iniciativa destacan:

• Fortalecimiento del conocimiento del cliente (KYC) y la debida diligencia.
• Evaluaciones con enfoque basado en riesgos como obligación general.
• Ampliación de la definición de Beneficiario Controlador y su registro obligatorio ante la Secretaría de Economía.
• Obligación de contar con un manual de políticas internas para el cumplimiento normativo.
• Capacitación anual obligatoria para personal de cumplimiento y atención al cliente.
• Implementación de monitoreo automatizado de operaciones.
• Auditorías anuales para evaluar la efectividad del cumplimiento.

El incumplimiento de la LFPIORPI puede derivar en sanciones administrativas, incluyendo multas de hasta 65,000 veces la UMA (más de $7 millones de pesos), así como la revocación de permisos o la suspensión de actividades en caso de reincidencia.

En Cannizzo podemos asesorarlos en todo lo relativo a esta Ley con la finalidad de estar en cumplimiento y evitar la posible imposición de sanciones. Nuestro equipo de expertos está disponible para brindar asesoría personalizada y apoyo en la adopción de esta nueva regulación.

Para más información, por favor contacte a Karen Ortega en [email protected].

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